Declaración institucional de la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete en defensa de la cuchillería de Albacete y de la provincia

Albacete es la ciudad y la provincia de la cuchillería por excelencia en toda España. La fama de su industria cuchillera traspasa fronteras ya que es reconocida internacionalmente. De hecho, la cuchillería albaceteña exporta por valor de entre 30 y 35 millones de euros anuales, aglutinando Albacete el 90% de la producción cuchillera nacional.

La cuchillería es el gran sector emblemático de nuestro territorio que atestigua más de seis siglos de tradición cuchillera, una tradición que se ha ido consolidando hasta convertir a nuestra ciudad y provincia en el mayor polo cuchillero de nuestro país y en uno de los mayores de todo el mundo.

En los últimos días han trascendido informaciones que están preocupando profundamente al sector sobre una posible reforma del Reglamento de Armas y eventuales restricciones adicionales a las navajas y armas blancas, una situación que inquieta al sector, representado por la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU) por el enfoque que pueda adoptarse en este debate.

Tanto desde APRECU como desde el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete compartimos plenamente la necesidad de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana. Sin embargo, consideramos imprescindible diferenciar claramente entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legítima de un sector histórico, industrial, artesanal y económico como es el cuchillero español.

Y es que la cuchillería española, y especialmente la de la ciudad y la de la provincia de Albacete, representa siglos de tradición, miles de empleos directos e indirectos, exportación, innovación y patrimonio cultural. El sector está formado mayoritariamente por pymes, talleres artesanos, fabricantes, empresas auxiliares, distribuidores y comercios especializados que trabajan dentro de la legalidad y colaboran permanentemente con la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

APRECU lleva meses trasladando institucionalmente su preocupación ante la inseguridad jurídica generada por cambios regulatorios e interpretaciones cambiantes de la normativa, que ya han provocado inmovilización de productos, incertidumbre comercial y pérdidas económicas en empresas que operaban conforme a la legislación vigente.

Como ha trasladado la asociación en distintos encuentros institucionales, el sector atraviesa actualmente un escenario de “creciente incertidumbre regulatoria”, provocado por la falta de criterios técnicos claros y por interpretaciones cambiantes sobre determinados productos, una situación que está afectando no solo a fabricantes, auxiliares y comercios especializados, sino también a los propios consumidores.

Durante 2025, esta situación se agravó especialmente con el incremento de denuncias a comercios minoristas, incluso en casos de productos previamente autorizados o incluidos en catálogos intervenidos por la Guardia Civil, así como por la demora en la publicación del dictamen de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE). Todo ello generó incertidumbre jurídica, criterios dispares en la aplicación de la normativa, paralización de productos ya fabricados y pérdidas económicas para muchas empresas del sector. Aunque posteriormente la Instrucción 9/2025 permitió aclarar parcialmente algunos criterios, el sector todavía continúa adaptándose a esos cambios, cuyos efectos han tenido ya un impacto importante en la actividad económica de numerosas empresas.

Por ello, la apertura de una nueva reforma normativa vuelve a introducir un escenario de incertidumbre que está generando un claro agotamiento en el sector y enormes dificultades para planificar inversiones, desarrollar nuevos productos y mantener la estabilidad empresarial. En este sentido, reiteramos que el ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para perseguir y sancionar el uso ilícito de armas blancas, tanto desde la Ley de Seguridad Ciudadana como desde el Código Penal.

Por ello, creemos que el debate debe centrarse en actuar contra las conductas violentas, el porte injustificado y el uso intimidatorio o delictivo de estos instrumentos, y no en criminalizar herramientas de uso cotidiano, profesional, deportivo, cinegético, artesanal o de coleccionismo.

Asimismo, el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, respaldando las reivindicaciones de APRECU consideran fundamental que cualquier futura modificación normativa:  

• incorpore definiciones técnicas claras y objetivas;  

• garantice seguridad jurídica;  

• contemple periodos transitorios razonables;  

• y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal y regulado español.

La Diputación y el Ayuntamiento de Albacete, recogiendo las reivindicaciones de la Asociación de Empresarios de la Cuchillería, apuestan por un diálogo y colaboración con las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como el nuestro.

De la mano de APRECU defendemos el oficio cuchillero y promovemos una idea clara: la navaja no es un arma en sí misma, sino una herramienta de trabajo, de uso tradicional y una seña de identidad histórica profundamente vinculada a nuestro país. España posee una enorme riqueza cuchillera y artesanal, con territorios históricamente ligados a este oficio como Albacete, Taramundi o Santa Cruz de Mudela, entre otros muchos municipios donde la cuchillería forma parte del patrimonio cultural, industrial y económico.

La cuchillería española representa siglos de tradición, miles de puestos de trabajo y un tejido empresarial formado por fabricantes, talleres artesanos, empresas auxiliares, distribuidores y comercios especializados y profesionales que llevan décadas trabajando dentro de la legalidad y defendiendo el uso responsable de estas herramientas. Por ello, creemos que el debate debe centrarse en perseguir el uso delictivo y el porte indebido en la vía pública, reforzando la prevención, el control de la venta ilegal online y la educación, pero evitando criminalizar a un sector histórico y culturalmente arraigado que forma parte de la identidad de muchas regiones españolas.

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal y Provincial la adopción del siguiente:  

ACUERDO

1- Que el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete lideren un pacto para reivindicar la protección de la cuchillería albaceteña al tiempo que luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia.  

2- Solicitar al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado, que las futuras modificaciones legislativas (Ley de Seguridad Ciudadana, Reglamento de Armas, etc.) se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería.

3- Solicitar al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado que cualquier futura modificación normativa tenga en cuenta los siguientes criterios:  

a. incorpore definiciones técnicas claras y objetivas;

b. garantice seguridad jurídica;  

c. contemple periodos transitorios razonables;  

d. y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal y regulado español.

4- Fomentar un diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete.  

5- Impulsar mociones y declaraciones institucionales tanto en el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, como en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados y el Senado, de apoyo al sector cuchillero albaceteño y de rechazo de la criminalización a la industria cuchillera.

6- Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes de Castilla-La Mancha, al Ayuntamiento y a la Diputación de Albacete para que impulsen las medidas oportunas en la defensa del sector.